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Pasante de Espacio G Alejandro de los Santos presentó los resultados de su relatoría sobre desafíos institucionales en violencia, acoso y discriminación
Publicado: 24 de abril de 2025
En el marco de Espacio G, programa de pasantías para el desempeño de tareas preprofesionales en el Prorrectorado de Gestión de la Universidad de la República, el estudiante de Sociología Alejandro de los Santos presentó los resultados de su relatoría titulada “Desafíos institucionales en violencia, acoso y discriminación en la Udelar”, documento producto de su desempeño como pasante en el último año.
El trabajo, realizado en conjunto a la estudiante Pamela Ammazzagatti, deriva del conversatorio realizado en VII Congreso Iberoamericano sobre acoso laboral e institucional, y el 1er Encuentro Uruguayo sobre violencia en el trabajo. El documento es un registro y sistematización de las principales ideas surgidas en el evento y busca ser una contribución a la mejora continua de las acciones institucionales, además de fortalecer el abordaje integral de la problemática en el ámbito universitario.
La Udelar tiene como parte de sus principios el “respeto a los derechos humanos, la justicia, la igualdad y el bienestar social”. El trabajo recoge cómo, en el contexto de avance normativo nacional e internacional, la Universidad desarrolló una serie de iniciativas desde 2023 para institucionalizar el abordaje de situaciones de violencia, acoso y discriminación (VAD), desde propuestas sindicales a la evolución de un sistema formal de políticas, procedimientos y organismos específicos.
En esta línea, la política institucional de la Udelar sobre VAD se basa en la prevención, monitoreo y atención. Los autores destacan que el enfoque “reconoce la dimensión estructural y cultural de la violencia” bajo el entendido de que esta se reproduce a través de “jerarquías, desigualdades y prácticas naturalizadas”. Asimismo, se busca promover espacios libres de violencia con la participación activa de toda la comunidad.
Se detallan las acciones preventivas que incluyen capacitaciones, campañas de sensibilización y estrategias de comunicación. Además, se impulsa un monitoreo que busca conocer de forma continua el estado de situación para anticipar y abordar conflictos, y una atención que formaliza la intervención antes casos detectados.
El documento describe la ordenanza de actuación ante casos de VAD, vigente desde abril de 2021 y que regula su procedimiento. Se definen distintos tipos de violencia como la psicológica, moral, sexual, basada en género, entre otras, y establece principios fundamentales como confidencialidad, no revictimización, presunción de inocencia y celeridad. Asimismo, se crearon órganos específicos como la Comisión Central sobre VAD (CCVAD) que asesora y propone acciones institucionales al Consejo Directivo Central (CDC), y la Unidad Central sobre VAD (UCVAD) que ejecuta procedimientos y atiende denuncias y consultas. Además, se crearon comisiones asesoras y equipos técnicos con actuación en cada servicio universitario para descentralizar la implementación.
Conversatorio: principales ejes temáticos
En el conversatorio se trataron los principales desafíos de implementación, que estuvo atravesada por el contexto de pandemia de COVID-19 y que dificultó la difusión y aplicación inicial de la ordenanza. Asimismo, se detectaron resistencias dentro de la Universidad al cambio cultural y estructural que propone la política de VAD, fundamentalmente en sectores jerárquicos privilegiados en donde hubo tendencia a naturalizar conductas violentas o discriminatorias. La relatoría señala que las resistencias se vinculan con una “lógica de poder que reproduce un sujeto hegemónico y excluyente”. La desnaturalización de estas prácticas es clave para avanzar hacia una cultura institucional transformadora.
Por otra parte, se remarca la necesidad de fortalecer la confianza en espacios institucionales de denuncia y consulta. Para generar confianza, explica el documento, es necesario un apoyo institucional claro a las y los técnicos y referentes, brindar garantías de confidencialidad y protección ante represalias, y procedimientos claros, justos y accesibles.
La prevención es entendida como el eje más “transformador” de la política, por lo que se propone trabajar desde una lógica transversal e interseccional, integrando la perspectiva de género y derechos humanos en todas las funciones universitarias. Entre las oportunidades para consolidar un cambio cultural, se destaca el hecho de que las “nuevas generaciones” de estudiantes ya no toleran prácticas naturalizadas de acoso.
Entre las prácticas impulsadas se destaca la difusión de la ordenanza por correo y en actividades de ingreso, capacitación a docentes, funcionarias, funcionarios y estudiantes, y el fortalecimiento de las y los referentes y su formación técnica. Además se propuso redefinir los espacios técnicos como lugares de consulta y no solo de denuncia, para promover una mayor cercanía y accesibilidad.
No obstante, se identificaron vacíos en la normativa actual, como la ausencia de mecanismos de protección explícitos para denunciantes en situaciones de riesgo y la falta de cobertura en casos donde las agresiones provienen de personas externas. Por este motivo, se realizaron una serie de recomendaciones como la incorporación de protocolos específicos ante represalias, la visibilización y formalización de medidas de protección en la ordenanza y la inclusión de escenarios particulares en servicios con atención al público externo.
De acuerdo al balance de Ammazzagatti y de los Santos, el conversatorio permitió identificar avances, tensiones y oportunidades para consolidar una política institucional efectiva. Sin embargo, a pesar del contexto socio-político favorable, persisten obstáculos estructurales, culturales y jerárquicos que limitan su implementación.
Se concluye que:
- Es necesario revisar y actualizar la ordenanza para fortalecer los componentes de atención, prevención y especialmente monitoreo.
- Se requiere una estrategia coordinada, transversal y descentralizada para consolidar una cultura libre de violencia, acoso y discriminación.
- La participación activa de toda la comunidad universitaria es esencial para garantizar la sostenibilidad y legitimidad de la política institucional.
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