Publicado: 21 de mayo de 2025
En el marco del Programa ESCALA de Gestores y Administradores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), la Universidad de la República (Udelar) recibió a la doctora en trabajo social Verónica Cruz, secretaria de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), quien relató su experiencia así como participó de intercambios con distintos actores de la Udelar.
Cruz relató cómo en la última década las universidades argentinas comenzaron a reconocer las violencias por motivos de género dentro de sus aulas, en ocasiones ejercidas por sus propias autoridades, por lo que se desarrolló una institucionalización de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género.
La visitante explicó el objetivo de su visita y detalló que busca “conocer experiencias en materia de derechos humanos, particularmente en políticas institucionales de género para prevenir y erradicar las violencias por motivos de género en las comunidades universitarias”.
Durante su estadía, Cruz mantuvo reuniones con equipos técnicos de la Udelar, participó de un encuentro en la Facultad de Ciencias Sociales con estudiantes de Trabajo Social, y compartió su experiencia con la Comisión Abierta de Equidad de Género de la Universidad, así como participó de una actividad con la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación de la Udelar. Asimismo, valoró la atención recibida desde la Udelar. “Ha sido muy cálida y generosa. Los intercambios giraron en torno a los desafíos de construir una política de género en este tiempo, donde vemos con preocupación cierto avance de discursos que ponen en tensión las conquistas en materia de derechos humanos”, afirmó.
“Obviamente esta reflexión está anclada a las preocupaciones que tenemos en nuestro país, pero también corresponde pensar las realidades desde una implicación regional y global, no solo local”, agregó Cruz.
Además, repasó la evolución de las políticas de género en la UNLP, de las que destacó el rol protagónico del movimiento feminista. “Los primeros desafíos surgieron por una fuerte demanda del claustro estudiantil, en un contexto de gran potencia de los feminismos. Este año se cumplen 10 años del movimiento “Ni Una Menos”, que también permeó la cultura institucional”, recordó. Esa marea feminista visibilizó las violencias dentro de la propia Universidad y activó el proceso institucional comenzado en 2015.
Desde entonces, la UNLP desarrolló un programa con dos grandes dimensiones: una preventiva y de sensibilización, y otra interventiva y de atención directa de los casos. “Trabajamos con estrategias de atención, acompañamiento y recomendaciones dirigidas, primero, a producir el cese inmediato de la violencia, y segundo, a evaluar cuál es el camino a seguir con quien la ejerció”, explicó Cruz. Asimismo, agregó que la respuesta institucional “no se limita al castigo”, sino que también apunta a procesos de reflexión, reparación y cambio.
Por otra parte, señaló al “andamiaje normativo” argentino como clave para avanzar, destacó la Ley de Identidad de Género (2012), la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Ley de Educación Sexual Integral y la más reciente Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. También resaltó la Ley Micaela, que obliga a la capacitación en género de todas las personas que trabajan en el Estado.
“La Ley Micaela fue muy importante. Establece la obligatoriedad de transitar un trayecto formativo en género para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Eso nos permitió desplegar un trabajo de formación y sensibilización en toda la Universidad”, comentó.
Sin embargo la implementación no fue sencilla. “Trabajar en el campo de los derechos, bajo las organizaciones capitalistas, patriarcales y neoliberales de las sociedades contemporáneas, es siempre una tarea en construcción”, sentenció. En ese marco, señaló que una de las tensiones persistentes es cómo abordar las violencias de género sin caer en respuestas exclusivamente punitivistas. “La mirada punitivista no necesariamente permite a la persona transitar un proceso de reflexión y transformación”, indicó.
Además, insistió en la necesidad de reconocer el valor de lo testimonial y la escucha activa. “No es un tipo de violencia cuya producción se pueda tramitar como cualquier otra falta”, dijo. Esto ha implicado un trabajo institucional sostenido para adaptar reglamentos y prácticas. “Nuestros equipos elaboran informes de riesgo y recomendaciones. La autoridad académica decide si hace lugar, pero hay una alta receptividad”, aseguró.
Por otra parte, Cruz mencionó que una de las acciones pioneras de la UNLP fue el reconocimiento de títulos no binarios. “Fuimos la primera universidad de Argentina en entregar un título con una nominación no binaria, reconociendo la identidad autopercibida de la persona”, relató. Ese reconocimiento se basa en la Ley de Identidad de Género, que permite el reconocimiento sin necesidad de cambio registral en el documento de identidad.
Implementar estos cambios en una institución con una fuerte formalización como una universidad implicó un “gran esfuerzo”. “Es un trabajo permanente para que esos cambios institucionales se consoliden. En algunos espacios ya está afianzado, en otros no tanto”, admitió.
Cruz remarcó que las universidades, como parte del Estado, tienen la responsabilidad de garantizar derechos. Por eso, una parte fundamental del trabajo de su secretaría ha sido capacitar, sensibilizar y acompañar, no solo sancionar. “A veces se trata de readecuaciones académicas, otras de medidas de resguardo o acompañamiento judicial. No todo pasa por lo disciplinario”, explicó.
La Universidad Nacional de La Plata forma parte de una red interuniversitaria nacional integrada por las 54 universidades públicas de Argentina. “Es un espacio que funciona como una usina de producción de propuestas creativas para compartir experiencias y fortalecer políticas”, explicó. Si bien cada universidad es autónoma, esta red, que depende del Consejo Interuniversitario Nacional, coordina y articula esfuerzos.
En la UNLP, la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad que lidera Cruz es el órgano ejecutor de estas iniciativas. Desde allí trabajan con un enfoque integral pedagógico, normativo, institucional y comunitario. “La apuesta es construir una universidad plural, inclusiva, que reconozca y visibilice las diversidades”, expresó.
Durante su visita a la Udelar, Cruz encontró muchas similitudes en los desafíos y estrategias. Valoró especialmente el trabajo de Gabriela Pacci, coordinadora de la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación, y su equipo. “Me parece muy importante que el tema esté en agenda. Compartimos muchos trazos comunes con la construcción en Argentina”, afirmó.
Algunas de las preocupaciones también son compartidas: cómo abordar las violencias, compatibilizar normas locales e internacionales, y construir instituciones más inclusivas y democráticas. “Hay que pensar respuestas que interpelen las lógicas institucionales para no incurrir en violencias simbólicas o institucionales”, reflexionó.
“Hemos construido desde 2015 un consenso muy importante. Nos reconocemos como una universidad plural, inclusiva, y estamos comprometidas en producir cambios culturales e institucionales para garantizar derechos”, concluyó Cruz.